Daniel Samper Pizano

Desde que, para alivio de todos, se solucionó la crisis grancolombiana -surrealista y peligrosa-, me obsesiona lo que habrán pensado quienes vieron las imágenes de televisión en algún extremo del mundo sin saber español. Así es como quizás habría descrito lo ocurrido un ciudadano de Yakarta o Tumbuktú:
“Primero salió en la pantalla un señor con cara de presidente y camisa con motivos precolombinos. Ignoro de qué país era, pero tras él colgaba una bandera tricolor y estaba sumamente bravo. El de la camisa precolombina se marchó y más tarde apareció un señor rollizo y de camisa roja que consultaba una libreta y vociferaba. Tras él estaba la misma bandera tricolor, por lo que deduzco que el gordito acababa de darle un golpe de Estado al de la camisa precolombina.

“Pasado un rato vimos de nuevo en pantalla la bandera tricolor, pero el gordito también había desaparecido. En su lugar había un señor de pelo entrecano, gafas sin aro y corbata. Era más bajito que los otros y también estaba muy serio, pero no insultaba.

“Me imaginé que había tumbado al gordito y que el de gafas era el nuevo presidente del país de la bandera amarilla, azul y roja. ¡Tres presidentes en una sola jornada!

“Sin embargo, al día siguiente aparecieron los tres juntos, cada uno con la consabida bandera, en una reunión donde había otros señores con cara presidencial. Me llamó la atención, entre estos, uno de rasgos achinados, cara de mala leche y bigote lacio que usaba chaqueta de cuero.

“Como no sé español, ignoro de qué hablaron, pero era evidente que el de camisa precolombina seguía muy enojado; el bajito de canas lo interrumpía a veces, y el otro hacía gestos de contrariedad. Al llegar su turno, el canoso también se mostró vehemente e indignado.

“Luego habló el de la camisa roja, que, con su inseparable libreta, consumió un largo tiempo. Cuando por fin se calló el gordito, recuperaron el micrófono el de la camisa precolombina y el de gafas. Parecían cada vez más enfurecidos y llegué a temer que iban a irse a las manos.

“Pero de pronto habló un señor chato y de bigote que daba la impresión de ser el jefe de todos. Dijo algunas palabras que debían de ser una fórmula mágica, porque se produjo un cambio total e inmediato de escena.

“El bajito de gafas se levantó, salió casi corriendo, estrechó la mano al de camisa precolombina, luego al gordito y, por último, al de bigote lacio, que conversó unos momentos con él. El gordito los abrazaba a todos muy risueño.

“Era sorprendente ver que estos mismos señores que minutos antes parecían a punto de liarse a trompadas ahora se sonreían y se daban palmaditas en la espalda mientras los demás aplaudían de pie. Supongo que habían acordado un triunvirato para manejar el país de la bandera amarilla, azul y roja.”

La crisis andina se solucionó por la vía del melodrama, al modo latinoamericano, antes de que pasara a mayores y se trasladara a los pueblos. Si hubo un buen ejemplo durante esos tensos días fue el que dieron los ciudadanos, víctimas principales de las peleas de sus mandatarios: no hubo un solo incidente importante que lamentar entre los habitantes que se arropan bajo esa misma bandera que veían abismados en Tumbuktú.

Habría podido ser trágico, pero solo fue telenovelesco. No importa. Mucho mejor así que a los bombazos.

* * * *

ESQUIRLAS. Entre las paradojas recientes, ninguna como la de un sacerdote que expresó en su escrito dominical su dicha por la muerte de ‘Raúl Reyes’. En mis tiempos, los curas rezaban incluso por las almas de los peores criminales. Ahora festejan ciertas muertes con alegría que no parece muy cristiana.

‘Raúl Reyes’ constituye un triunfo militar histórico. De acuerdo: se trata, también, de una gran victoria política para Álvaro Uribe. De acuerdo: la destrucción del campamento estable de las Farc en Ecuador es, además, un estímulo psicológico para los colombianos, cuya entusiasta celebración debería decirles algo a los jefes guerrilleros, empeñados en sostener que el repudio a la guerrilla es invento de la prensa. De acuerdo: los computadores de las Farc exhiben la cobarde e inaceptable colaboración de los gobiernos de Venezuela (ya se sospechaba) y Ecuador con el grupo terrorista.

De acuerdo: la revelación de esos insólitos nexos ha impresionado a la comunidad internacional pues todos los medios de
comunicación informan de ello esta semana.

Pero no conviene dejarse llevar por la euforia tricolor ni el patrioterismo guerrerista (¡hay que ver las barbaridades que se leen estos días en los foros!); resulta indispensable saber qué terreno pisamos, y ese terreno es resbaloso. Para empezar, es peligroso creer que las Farc están acabadas. Lo mismo se dijo en 1990, cuando el gobierno de Gaviria bombardeó Casa Verde, y resucitaron con mayor fuerza. No descartemos, pues, la salida dialogada. Además, reconozcamos que, por vueltas que le demos, la incursión armada en territorio de Ecuador es un acto ilegal, que irrespeta su soberanía y atropella las normas de la OEA y la ONU.
Cómo será de grave, que se intenta defenderlo acudiendo a los argumentos con que Estados Unidos quiso justificar su guerra ilícita contra Irak. Uribe tiene poca formación en Derecho de Gentes, y por eso los dos actos militares internacionales de su gobierno violan la ley: apoyar la invasión a Irak y desbordar la frontera sur.

Muchos ciudadanos tan jubilosos como miopes consideran poco importante esta violación. Pero quita legitimidad a la justísima causa de Colombia contra Chávez y Correa y, en vez de mostrarnos como víctimas de estos siniestros personajes, nos pone en el papel de victimarios. El expediente colombiano contra los dos gobernantes vecinos es contundente: pactos secretos con las Farc, ayuda económica, untuosa complicidad con sus comandantes… Lo pertinente era denunciarlos ante los organismos y la opinión pública internacionales, en vez de acudir a operativos audaces, que nos pueden costar tanto o más que lo obtenido con ellos. Afronta un difícil reto nuestra Cancillería, cuyo clientelismo tradicional y escasa profesionalidad hoy lamentamos. Ojalá salgamos bien librados.

Voto por Rodríguez Zapatero
España elige presidente el domingo. Escogerá entre el actual jefe de gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular, apoyado por la derecha y la curia paleolítica. Sobran razones para respaldar la continuación de Zapatero, que ha hecho una buena gestión democrática, social y pacifista. Pero me limitaré a su actitud frente a la inmigración.
Mientras Rajoy presenta a los inmigrantes como un grave problema y dedica más tiempo a los pocos miles de extranjeros delincuentes que a los 4 millones de inmigrantes honorables, Zapatero tuvo el valor de reconocer que la mitad del crecimiento económico español de los últimos años se debe a la inmigración.
Gracias a lo que pagan a la seguridad social los inmigrantes es posible sostener a 900.000 jubilados españoles y, también merced a ella, la renta anual del ciudadano promedio subió 623 euros en cinco años. La inmigración enriquece culturalmente a España y garantiza que Rajoy podrá pensionarse sin problemas, pues lo sostendrán los hijos de esos latinos y africanos que mira con sospecha en época electoral.

Como español, votaré el domingo por Zapatero.

La marcha del 6 
Y como colombiano, apoyo la marcha del 6 contra las atrocidades paramilitares. Hoy más que nunca, con las Farc golpeadas, hay que rechazar toda forma de violencia.

Sin que nadie se lo propusiera -el que menos, el ministro de Agricultura-, el caso del predio llanero de Carimagua se ha convertido en elocuente denuncia sobre la manera como se adelanta en Colombia una reforma agraria contra los pobres y a favor de los ricos. Recordemos que esas 17.000 hectáreas habían sido destinadas originalmente a los desplazados por la violencia y, de la noche a la mañana, el ministro de marras las adjudicó a empresarios particulares (cierto allegado a uno de ellos, Mario Escobar, que es tío de otro ministro y donó dinero a la campaña de quien otorga los predios, aduce que su firma no consideró interesante el ofrecimiento y lo rechazó). El ministro Andrés Felipe Arias dispuso el cambio de destino del proyecto porque supuestamente es terreno inadecuado, pero no dijo claramente qué iba a pasar con los desplazados, que son el meollo social del problema.

Carimagua es ejemplo de la reforma agraria que se empeña en realizar el actual gobierno, ya perfilada en la frustrada Ley Forestal que concede los bosques colombianos a las multinacionales. Nuestra historia muestra que aquí se han realizado al menos cuatro reformas agrarias, siempre adversas a los campesinos.

La primera, la de la colonia española, concedió las tierras de los indígenas a los encomenderos, heredadas luego por los criollos. La segunda, a mediados del siglo XX, desalojó a los campesinos durante la era de la Violencia para que los terratenientes se apoderaran de sus parcelas. Narcos, guerrilleros y paramilitares hicieron a balazos la tercera, que puso en manos de las bandas violentas un millón de las mejores hectáreas de cultivo y levante.
La cuarta es la que se adelanta ahora, al estilo Carimagua, y consiste en entregar las tierras buenas que quedan a los grandes empresarios, para que ellos las desarrollen y vuelvan jornaleros a los campesinos. Así lo planteó el presidente Álvaro Uribe en el Japón hace un tiempo y así intentó hacerlo su ministro a costa de los desplazados en el caso que suscitó escándalo nacional.

Es Robin Hood al revés, como dice el senador Jorge Enrique Robledo. Pero, además, aliñado con mentiras y movidas chuecas. No es verdad que la tierra de Carimagua sea mala y su cultivo ruinoso para los pobres y bueno para los ricos, como se aduce para el despojo. Lo afirman varios especialistas. Richard Probst Bruce, presidente de la Asociación Colombiana de Agroproductores Ambientalistas, asegura que es un “proyecto viable y de bajo impacto ambiental”, siempre y cuando se realice como un núcleo de desarrollo sostenible y con apoyo del Estado. Esto es, un centro de experiencia comunitaria respetuoso del medio ambiente, que privilegie la agroescuela y la siembra de alimentos. En igual sentido opinó Mauricio Botero Caicedo en El Espectador al defender las cooperativas populares, que ya adelantan en otros lugares del país “una revolución en el modelo de capitalismo agrario”.

El apoyo oficial es clave y desarrolla una obligación del Estado que impone la Constitución Nacional. Por lo demás, la acidez del terreno resulta fácilmente curable, según los expertos, y solo representa una excusa del ministro.

Carimagua, pues, es más que un predio. Es una filosofía retardataria por la cual el Gobierno pretende entregar la tierra a prósperos empresarios y quitarse de encima la responsabilidad constitucional de defender a los desvalidos.

ESQUIRLAS. 1) La habitual mirada hacia Estados Unidos ha impedido que los colombianos sigan la apasionante campaña electoral española, donde el Partido Socialista podría obtener una justa renovación de mandato el 9 de marzo frente a una derecha cada vez más refractaria.

2) Viendo la insoportable levedad del presidente Nicolás Sarkozy, uno se pregunta cómo se dice ‘chisgarabís’ en francés.

El presidente Álvaro Uribe adivina en los ataques de Hugo Chávez la hecatombe necesaria para su tercer gobierno. Los colombianos deberíamos adivinar en la re-reelección una hecatombe social que invita a oponerse a ella. Para muestra, dos casos recientes: el fallecimiento, por una cadena de errores, de una recién nacida en la clínica San Pedro Claver, de Bogotá, y el frustrado intento de entregar a empresarios particulares el predio de Carimagua, originalmente destinado a desplazados por la violencia.

El caso de la niña muerta por una inyección equivocada destapa el desplome de la ya precaria protección social de los colombianos de bajos ingresos. Desde que el Gobierno cedió el servicio de salud a los particulares, los enfermos se pierden en una selva de siglas -las ESE, las EPS, las ARS- y deben a menudo acudir a un juez para conseguir ciertos remedios. En teoría, se ha ampliado el cubrimiento. En la práctica, no puede decirse que los colombianos estén mejor protegidos que antes.

En cuanto a Carimagua, es apenas una nueva expresión del tradicional despojo a los campesinos. Ya en 1594 el rey de España ordenaba que “las tierras que se dieren a los españoles sean sin perjuicio de los indios”. No se cumplió. Hace algo más de medio siglo, los labriegos desplazados por la persecución laureanista denunciaban que “en la pobreza más extrema tuvimos que huir de nuestras tierras, víctimas de la más implacable violencia” y, un año después, seguían en el abandono mientras que de sus predios “se han adueñado personas amparadas en determinado rótulo político”. Entre esos campesinos atropellados había uno que hoy conocemos como ‘Tirofijo’.

La tragedia se repite, aunque la violencia tiene ahora otro origen. Los campesinos quieren tierra, pero primero se la quitan, luego se la dan a un poderoso y después -como en Carimagua- les ofrecen convertirlos en jornaleros explotados por los nuevos dueños de esa tierra. Con el pretexto de que las 17.000 hectáreas destinadas a los desplazados no eran buenas para ellos, pero sí para los empresarios particulares, el Gobierno intentó entregarlas en concesión a una compañía de la que es socio, entre otros, Mario Escobar Aristizábal, delegado presidencial en la junta que -ojo a la ironía- se instituyó para proteger a quienes perdieron sus parcelas. Como lo ha denunciado la prensa, este empresario aportó dinero a las campañas de Uribe y del director de la junta de marras y del Ministro de Hacienda, del cual es pariente.

Cuando alguien dijo al Ministro de Agricultura que el terreno era ácido, al prepotente personajito no se le ocurrió formar una cooperativa campesina ni vincular a un laboratorio científico de los que estudiaron la región. Ya había excusa para entregar la tierra de los desplazados a unos palmeros que encajan en el sueño oficial de convertir al Llano en un gran emporio empresarial. La Procuraduría y la denuncia de EL TIEMPO frenaron el abuso.
Lástima que los desplazados no sean empresarios ni tengan amigos en el Gobierno…

Todo es producto de la mentalidad neoliberal de un régimen que favorece a los capitalistas fuertes porque cree que así desarrolla el país y les vende por cuatro pesos las entidades que el dinero público construyó durante décadas. Tal ocurre, por ejemplo, con las electrificadoras de cinco departamentos, a punto de ser privatizadas en una feria que afortunadamente atajaron a tiempo la Contraloría General de la República y una batería de tutelas.
También sucedió con dos multinacionales petroleras, a las que extendió graciosamente sus concesiones en La Guajira y Cravo Norte.

Mucho debemos a Uribe en materia de seguridad, estabilidad económica y restitución de la fe y el optimismo nacionales. Pero él mismo ha reconocido los limitados alcances de su proyecto social. Cuatro años más de esta receta engordarían a muchos empresarios, pero enterrarían a miles de pobres.

Una de las perspectivas que más aterra de un tercer período presidencial de Álvaro Uribe es la consolidación del régimen de impunidad política que cobija a sus altos colaboradores.

Decía Chateaubriand: “Hay tiempos en que una pequeña falta hace caer a un ministro; hay otros en los que las mayores idioteces se cometen impunemente.” Ni que don René hubiera vivido estos tiempos de Colombia, en los cuales el jefe del Estado interpreta la popularidad como licencia para amparar a los funcionarios que cometen errores e idioteces.

La lista es gorda.

Resulta inexplicable, por ejemplo, que continúe tan orondo al frente del Ministerio del Interior y Gobierno quien prácticamente justificó el linchamiento verbal -que habría podido ser físico- de Piedad Córdoba, a la que deben ofrecer las autoridades la protección que garantizan las normas constitucionales. Lejos de hacerlo, el ministro Carlos Holguín señaló: “Cuando uno expresa opiniones como las de la senadora Córdoba contra su país y contra el Gobierno, naturalmente alguien reacciona para manifestar su repudio”. Extendida semejante licencia de cacería, de nada valen posteriores y tibias admoniciones sobre los derechos de la señora Córdoba. En cualquier país serio, esa misma tarde el Ministro habría renunciado o lo habrían destituido. Pero no en este. Aquí, “las mayores idioteces se cometen impunemente”.

Ni qué decir de Juan Manuel Santos, que, siendo jefe de la campaña reelectoral uribista, acusó al político liberal Rafael Pardo de tener vínculos con las Farc. Sindicación tan peligrosa y falsa fue premiada con el Ministerio de Defensa. (Bueno: Uribe mismo suele hacer lo mismo con sus opositores de izquierda). Una vez allí, ha incurrido en otras metidas de pata: los “falsos positivos”, la revelación de un decomiso de coca en cantidades inexactas (”por culipronto”), los ostensibles movimientos para comprar armas en momentos en que parecían justificar las alocadas alarmas bélicas de Chávez… Pero Uribe solo le tolera todo.

En los últimos tiempos, el ministro de Transportes, Andrés Uriel Gallego, incurrió en dos estrepitosas metidas de pata. Primero, la licitación de Eldorado, convocada para un proyecto tan precario que el propio Uribe tuvo que salir a rectificarlo. La enmienda, con la licitación ya adjudicada, costará un dineral al Estado. Segundo, el túnel de La Línea, una obra tan mal manejada, que acaba de fracasar su tercera licitación. El Ministro continúa, sin embargo, fresco cual jazmín y rosario en mano, porque en este Gobierno “las mayores idioteces se cometen impunemente”.

Las más recientes corresponden a un especialista en salidas en falso, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. No solo hizo gala de la más primitiva terquedad al presentar al Congreso un proyecto de Ley Forestal jurídicamente viciado desde sus comienzos (tumbado por la judicatura), sino que destinó a contratistas e industriales particulares 17.000 hectáreas de los Llanos asignadas a desplazados de la violencia. ¿Cómo puede este Ministro seguir mirando al mundo con pedante desdén después de semejantes barbaridades?

Ante fallos tan graves, otros resultan incluso divertidos, como la propuesta del vicepresidente Pacho Santos de atrapar, capturar y meter en la cárcel al alcalde de Maracaibo (Venezuela) por apoyar a las Farc. Menos graciosa es la afirmación del comandante de las Fuerzas Armadas, general Freddy Padilla, cuando dijo públicamente que la actitud de la mamá de Íngrid Betancourt constituye el mayor obstáculo para liberarla. Se equivoca, por supuesto: ese obstáculo son las Farc.

Lo más protuberante de las últimas horas ha sido una declaración del asesor presidencial José Obdulio Gaviria según la cual la marcha del 6 de marzo contra los paramilitares fue convocada por las Farc. Semejante atrocidad merece renuncia, pero el mentor del Presidente está vinculado por contrato con un tercero, ya que en la uribocracia de elástica duración, “las mayores idioteces se cometen impunemente”.

Un amigo mío presenció asombrado la marcha de Bogotá desde el piso23 del edificio Bavaria: “Nunca había visto tanta gente junta: era un río de camisetas blancas que duró dos horas desfilando”.

Desde la calle, donde nos apretábamos los caminantes, no se divisaba el paisaje de la muchedumbre, pero sí podían verse las pancartas (contra el secuestro y las FARC y algunas a favor del intercambio humanitario) y oírse las consignas: “¡Libertad!”, “¡No más secuestros”!, “¡No más FARC!”, “¡Colombia unida jamás será vencida”. Dos veces, entre la calle 26 y la Avenida Jiménez, los marchantes cantaron el Himno Nacional. No escuché gritos destemplados ni insultos. Tampoco coros a favor del gobierno. Millones de colombianos entendieron que se trataba de rechazar los secuestros y no necesariamente de apoyar al presidente Álvaro Uribe. Hasta en eso el pueblo fue, como lo proclamaba Jorge Eliécer Gaitán, superior a sus dirigentes, enredados en riñas y pequeñas diferencias.

Después del espectáculo del lunes no queda duda de que los colombianos abominan los secuestros, se oponen a la violencia, critican a la guerrilla y quieren la paz.

La pregunta es: ¿servirá de algo su multitudinario pronunciamiento? Se sabe hasta qué punto son refractarias las FARC y el ELN al clamor de los ciudadanos y persisten en su violencia anacrónica y despiadada. ¿Son, pues, las marchas tiempo gastado, pasos perdidos?

Coincidencialmente, la gran demostración a favor de la libertad se produce pocos días después de que el mundo ha recordado el sexagésimo aniversario del aniversario de la muerte de Monadas Gandhi, el hombre que inventó las marchas pacíficas modernas. Nacido en 1869, el Bolívar de la India fue asesinado el 30 de enero de 1948 en Nueva Delhi por un fanático religioso. Dieciocho años antes había emprendido una movilización masiva para protestar por las arbitrariedades del imperio británico en el mercado de la sal. Fueron 78 los ciudadanos que partieron con él de Sabarmati y miles los que llegaron a las playas de la aldea de Dandi, 400 kilómetros después. La marcha de la sal encarnó el espíritu de la resistencia civil contra la injusticia y fue imitada en los años siguientes por muchos actos más de protesta pacífica. Más de 80.000 indios acabaron en la cárcel tras la primera caminata y entre 200 y 250 fueron ametrallados por las tropas británicas cuando estas abrieron fuego contra una concentración popular en Kissa Khani.

La de la sal no fue la primera marcha de Gandhi. En 1919 había lanzado su llamado inicial contra la opresión imperial, al que siguieron varios más. Pero los analistas atribuyen a la caminata de Dandi un giro dramático en la historia de la India, un giro que culminó en 1947 con la independencia nacional.

¿Acaso será la gigantesca marcha del lunes el puno de inflexión que haga ver a los grupos violentos colombianos que el país está harto de ellos, de sus métodos inhumanos y su resistencia a aceptar la voluntad mayoritaria del país, abrumadoramente opuesta a ellos?

Me temo que no hay que hacerse demasiadas ilusiones. He asistido en España a manifestaciones igualmente copiosas contra la banda separatista ETA, y no bastaron para convencer a sus militantes de que el país los repudia. ETA, debilitada, sigue matando.

Tal vez hay que buscar la justificación esencial histórica de actos como el del lunes en las palabras que pronunció Jawaharlal Nehru, compañero de Gandhi y más tarde primer ministro de la India: “Nuestro movimiento significó una presión tremenda para el gobierno británico, pero su mayor importancia fue el efecto en nuestro propio pueblo, que actuó valerosamente y se negó a aceptar la injusticia”.

Aunque poco influya en las FARC, la histórica manifestación del lunes sirvió para demostrar que los colombianos estamos vivos y dispuestos a rechazar las infamias.

La mayoría de los análisis que he leído sobre los insultos y belicosas amenazas de Hugo Chávez pueden resumirse en una frase: perro que ladra no muerde.

Por mi parte, desconfío de la premisa mayor, la zoológica; nace mi escepticismo de la cicatriz infantil que me dejó un perro que ladraba y acabó mordiéndome. Reniego, además, de la premisa del ladrido, porque a veces ladrar conduce velozmente a la tarascada.

El refrán del perro corresponde a otro más fino, pero igualmente discutible, según el cual “las palabras no matan”. Hay varias maneras de matar a través de las palabras, y una de ellas es el discurso incendiario que solivianta a quienes muerden sin ladrar. El domingo pasado, en el Festival Hay, el historiador británico Antony Beevor señaló cómo la retórica agresiva de ciertos paladines de la izquierda y la derecha española fue fundamental para que estallara la Guerra Civil. Sus palabras ayudaron a matar a un millón de personas.

No nos engañemos: los ladridos de Chávez encierran peligro, pero no en sí mismos, pues cada regurgitación de insultos se deprecia y recibe menos atención del mundo. Sin embargo, ignoramos hasta qué punto -y encrespado precisamente por el escaso interés que despiertan sus proclamas-, Chávez sería capaz de inflamar a sus seguidores contra Colombia para suscitar hechos. Hasta ahora ambos pueblos han demostrado una madurez muy superior a la de sus dirigentes. El boxeo de Chávez contra la sombra de Uribe no ha producido, que se sepa, ninguna reacción importante de los venezolanos contra los colombianos, ni de estos contra aquellos.
Tranquiliza que así sea. Pero inquieta pensar que no hay nada más fácil que formar un grupo de provocadores que arrime el fósforo a la dinamita. La historia ofrece amplio catálogo de ejemplos.

En este sentido, lo más prudente sería que en las marchas del próximo 4 de febrero para protestar por la violencia y el secuestro nos abstuviéramos de toda pancarta, cartelón, consigna o alarido contra Venezuela. Nuestra pelea no es contra un país que nació, creció y sufre al lado nuestro, sino contra quienes han convertido en instrumento político cotidiano prácticas infames e inhumanas como asesinatos, secuestros, encadenamientos, torturas… Será inevitable que muchos repudien el apoyo de Chávez a las Farc, pero no debemos confundir al gobernante con la nación, así nuestro propio Gobierno tenga bastante cruzados los cables en esta materia y proclame a veces que atacar al Presidente equivale a embestir contra la patria.

Con todo mi respeto por quienes prefieran abstenerse de concurrir a la manifestación del 4 de febrero, me parece que la importancia de la causa derrota casi todas las excusas. Que se convocó por Internet… pues sí, en el siglo 21 ya no se estila la lectura de bandos con trompeta. Que el Gobierno intentará manipularla… naturalmente: confundir es arma natural de la política, pero el mejor antídoto contra ella es expresar claramente que no desfilaremos a favor de Uribe ni de su gobierno, sino en contra de la violencia, del secuestro, de las Farc. Por eso debe quedar claro que no se trata de caminar a favor o en contra de la Seguridad Democrática, del despeje o no despeje, ni del intercambio humanitario sí o intercambio humanitario no.

Me parece un error dejar esta iniciativa en manos de determinados grupos políticos. La presencia masiva y multicolor de manifestantes garantiza que se trata de un sentimiento general de los colombianos, un sentimiento que supera toda diferencia.
No sobra recordar, sin embargo, que otros grupos practican la violencia insensata que repudiaremos el lunes. En las últimas cinco semanas, bandas de paramilitares cimarrones han asesinado a una docena de personas, desaparecido a nueve y desterrado a 120 en Nariño, Antioquia, Santander, Chocó. También contra ellos pienso salir el lunes a la calle.

Quizás tienen razón los opositores de Hugo Chávez que pretenden desmontarlo del poder mediante un proceso institucional que lo declare mentalmente insano. Durante un tiempo pensé que se trataba de un recurso tramposo, de una zancadilla desesperada para arrebatarle lo que ganó legítimamente en las urnas. Pero sus más recientes actuaciones revelan una personalidad trastornada por la megalomanía, la ciclotimia y la coprolalia.

No es preciso ser psiquiatra para entender que este hombre no está en sus cabales. Preocupan su compulsión por exhibirse, su propensión a decir cuanto se le pasa por la cabeza, su afán protagónico, su agresividad y su tendencia a convertirse en predicador político urgido de la constante alabanza de un séquito de corifeos. Inquieta también la obsesión patológica por imitar a Bolívar. Hay antecedentes. En Colombia tuvimos el doloroso caso de un actor que, a fuerza de compenetrarse con el Libertador, acabó en una casa de reposo.

Es irreal esperar que un tribunal aparte a Chávez del poder, como Ecuador apartó a Abdalá Bucarán, y no me parece seria la oposición venezolana, donde hay desde líderes respetables hasta lagartos, explotadores y políticos corruptos. Pero considero necesario que el Gobierno colombiano disponga de un buen perfil psicológico del presidente venezolano: a la hora de dialogar, le será tan útil como aquellos.

Digo dialogar, porque hay que detener la peligrosa degradación de las relaciones con Venezuela. A menudo la Historia depara el enfrentamiento de dos pueblos vecinos cuyos gobernantes procuran impedir que las cosas pasen a mayores. Aquí es lo contrario: dos presidentes (sobre todo uno: Chávez) trenzados en una riña de comadres, mientras sus pueblos observan sorprendidos. La delirante pelea no ha producido metástasis populares y hay que evitar que así ocurra. Chávez pasó del insulto a militarizar la frontera, y aún podría escalar a la ruptura de relaciones y el acuartelamiento. Es un psicotipo impredecible. Uribe (a quien Chávez elegirá por tercera vez si se empeña en seguirlo atacando) hace bien en no responder insultos y dejarlo naufragar en su verborrea. Pero sería incauto imaginar que todo acabará allí.

El agotamiento retórico del ex coronel podría inducirlo a peores recursos y la obsesión de notoriedad podría inspirarle irreparables aventuras intrépidas.

Veo dos soluciones inmediatas. 1) Un estadista con amistoso ascendiente sobre ambos (¿Fidel Castro?), que los siente en una mesa, les eche un sermón y ponga orden. 2) Un gesto de origen unilateral, cada vez más difícil, que, pasando por encima de rencillas, marque un gesto histórico de reconciliación.

Conviene hacerlo pronto, entre otras cosas porque a la sombra del enfrentamiento bilateral y la campaña contra las Farc están medrando diversos oportunismos políticos. Pasma ver que Andrés Pastrana, cuya presidencia fue obra de un gesto electoral de ‘Tirofijo’ que tuvo como pago el Caguán, se ofrezca ahora como mediador entre dos gobernantes unidos por su común antipatía hacia él.

Algo parecido sucede con las víctimas del secuestro, merecedoras de todo mi respeto, solidaridad y admiración. La caravana que llevó a España a varios de los liberados fue organizada por entidades de derecha vinculadas al Partido Popular. En los actos solo participarán José María Aznar y figuras de esa agrupación conservadora. Leo en la prensa española que muchos denuncian el carácter partidista del evento y critican la utilización de las víctimas. Esto politiza la noble causa, despierta sospechas en sectores europeos de centro e izquierda, ofrece armas a los sectores reaccionarios que pretenden sugerir de manera infame que la izquierda democrática colombiana tolera la violencia y ahonda la brecha con Venezuela.

Es conocido el odio mutuo entre Chávez y Aznar: no compremos peleas ajenas, que con las nuestras ya tenemos suficiente.

Dos verdades de a puño sobre Hugo Chávez y su injerencia en los asuntos de Colombia. Primero: el presidente venezolano parece esmerarse en borrar con las palabras lo que consigue con los hechos. Tras haber sido pieza clave para el retorno de dos secuestrados, ensució irreparablemente su actuación con la solicitud de declarar ejército insurgente a las Farc. Segundo: su intervención fue tan torpe que, lejos de dividir a los colombianos, los unió. Desde cuando cayó Gustavo Rojas Pinilla en 1957 no veía yo tanta unanimidad contra alguien y en apoyo -expreso, tácito o resignado- del Gobierno.

El temperamento ciclotímico de Chávez (hoy tacha de indigno a Uribe, mañana le declara su amor) ha impulsado este carrusel de emociones desde diciembre. Pero, por favor, como en el cuento de la orgía, “¡organicémonos!”. Conviene enfriar la cabeza y formular algunas preguntas. ¿A cuento de qué pide Chávez que se suprima a las Farc el marbete de terroristas? ¿Es un mensaje de ‘Tirofijo’ que administra el presidente venezolano? ¿Es un capricho del ex coronel? ¿Acaso la exigencia podría considerarse el comienzo de una negociación? Aquella glosa adicional según la cual las Farc abandonarán el secuestro y otras atrocidades si obtienen el estatus de beligerancia, ¿es un recado de la guerrilla o es una suposición del presidente venezolano?

Sí: organicémonos. Resulta indispensable aclarar cuál es el papel de Chávez en este despelote. Será interesante determinar si se trata del vocero oficial o extraoficial de las Farc para un proceso de paz, caso en el cual convendría llevar las conversaciones a otro terreno y ver qué es negociable en lo que tiene que proponer. En cambio, si son ideas que se le ocurren a la bartola, lo pertinente es pedirle al rey de España que le repita lo que le dijo en Chile.

En caso de que resultara interesante un cambio de categoría de las Farc -aunque no para reconocerle soberanía sobre una zona del país, evidentemente-, ello debe ser parte de un proceso serio y completo en que entreguen secuestrados, renuncien a violar los derechos humanos y, al final, rindan las armas y se incorporen a la vida democrática a cambio de concesiones políticas.

Por otra parte, hace mal el Gobierno colombiano en responder con un comunicado retórico a la sinrazón de Chávez. La condición de terrorista que se asigna a un grupo corresponde a un estatus que, si bien no plenamente definido -como observa Eduardo Pizarro Leongómez-, produce consecuencias jurídicas. No es posible calificar de terrorismo todo cuanto se le ocurra a un gobernante. Dice en su comunicado la Casa de Nariño que las Farc son terroristas porque atentan contra la democracia, se financian con el narcotráfico, destruyen el ecosistema, engendraron el terrorismo paramilitar, causan desplazamientos, dolor y pobreza…

Cuidado: las Farc son terroristas, sí, pero no por las anteriores razones, sino por el uso irracional de la violencia contra ciudadanos inermes, la siembra indiscriminada de bombas y minas, los campos de concentración de militares, los ataques a civiles, el secuestro, la tortura, los asesinatos… En suma, por pasar a cuchillo los principios elementales del Derecho Internacional Humanitario.

Si destruir el medio ambiente otorga título de terrorista, lo merecen mucho más ciertas empresas multinacionales o la aspersión de la selva con glifosato. Los narcotraficantes son delincuentes y enemigos de la sociedad, pero ello no basta para llamarlos terroristas. Tampoco a quienes atacan de manera pacífica la democracia. Finalmente, el terrorismo paramilitar no es menos terrorismo porque surja como reacción ante las atrocidades de la guerrillera.

Al meter en la mochila del terrorismo a terroristas típicos y a delincuentes de toda pelambre, el Gobierno ayuda a la confusión general y la evaporación de responsabilidades.

Los sucesos colombianos de las últimas semanas pueden considerarse ignominiosos desde la óptica de los derechos humanos, insólitos desde la perspectiva de las relaciones internacionales y aparatosos desde el ángulo militar. Pero difícilmente volveremos a presenciar una temporada más apasionante desde el punto de vista político. Digo mal: la política no alcanza a describir lo visto. Habría que acudir a una mezcla de relato pugilístico y la eterna lucha entre el Bien y el Mal.

En apenas un mes observamos cómo Álvaro Uribe cometía el craso error de aceptar que un demagogo impredecible como Hugo Chávez fungiera de mediador ante las Farc para un intercambio humanitario en el que este gobierno no cree. Hay peleas que se pierden en el momento mismo en que se aceptan, como sería la de un peso gallo contra un mediano, y, en el terreno en que se planteó el conflicto, Uribe llevaba las precarias opciones del gallo. Cuando reaccionó y desmontó groseramente a Chávez del proceso, multiplicó el error: en un solo acto, descendió al escalafón de los moscas y Chávez -herido, ofendido y solidario con las Farc- ascendió al de los pesados.

En ese instante, las propias Farc subieron también al ring donde se tambaleaba el presidente colombiano y, al anunciar la liberación de tres secuestrados, ayudaron a derribarlo en un severo nocaut. Uno… dos… tres… Mientras la opinión pública internacional seguía la cuenta de 10, se montó la parafernalia de helicópteros venezolanos, exposiciones televisadas de Chávez con mapas y flechitas, reunión de delegados de seis países, traslado momentáneo de la capital de Suramérica a Villavicencio y hormigueo infatigable de periodistas por todos lados. Cuatro, cinco… seis… le contaban a Uribe.

La época del año añadió guirnaldas al escenario: un niño llamado Emmanuel, como Cristo, que llega a su familia en Navidad: ni a Fernando Gaitán se le habría ocurrido semejante novelón. Siete… ocho… En el punto en que se aplazó la entrega de los cautivos por supuestas interferencias de las Fuerzas Armadas colombianas se oía la cuenta de nueve, y todos esperaban que, al llegar a diez, el regreso de los secuestrados hundiera a Uribe en la miseria política absoluta.

Pero en ese momento ocurrió una de las más espectaculares resurrecciones que se hayan visto en el cuadrilátero de un choque político. El púgil que parecía liquidado, aquel que se aprestaban a socorrer con médico y la camilla, se puso en pie y anunció que las Farc no podían entregar al niño porque este, muy probablemente, estaba en poder de Bienestar Familiar.

En un primer momento, muchos supusieron que el vencido intentaba aferrarse a las cuerdas para detener la cuenta. Pero a medida que encajaban las piezas se vio que el balance de la pelea cambiaba sustancialmente y Kid Uribe podía lograr un triunfo sorprendente y demoledor y un merecido desquite de las humillaciones padecidas. Segundos después, mientras a él le levantaban el brazo, quedaban tendidos en la lona Chávez y las Farc.

El inesperado desenlace final de la contienda produce algunos efectos positivos: desnuda una vez más el mundo atroz, cruel e irreal de las Farc; le baja los humos a Chávez; muestra que funcionó el sistema de protección infantil de Bienestar Familiar; pone totalmente a salvo a Emmanuel…

Pero también deja consecuencias lamentables: golpea el acuerdo humanitario; fortalece a quienes pretenden una imposible solución militar del conflicto; desprestigia la intervención internacional (única salida lógica al problema); complica la vida de los rehenes cuya entrega se ha anunciado y deja en mala posición a una líder honesta y valerosa como Piedad Córdoba.

Se dice que este episodio necesita como narrador a Spinoza, a Coetzee, a Remarque. Nada de eso: para contar lo ocurrido lo que se requiere es la voz deportiva de Édgar Perea.