Daniel Samper Pizano

Sin que nadie se lo propusiera -el que menos, el ministro de Agricultura-, el caso del predio llanero de Carimagua se ha convertido en elocuente denuncia sobre la manera como se adelanta en Colombia una reforma agraria contra los pobres y a favor de los ricos. Recordemos que esas 17.000 hectáreas habían sido destinadas originalmente a los desplazados por la violencia y, de la noche a la mañana, el ministro de marras las adjudicó a empresarios particulares (cierto allegado a uno de ellos, Mario Escobar, que es tío de otro ministro y donó dinero a la campaña de quien otorga los predios, aduce que su firma no consideró interesante el ofrecimiento y lo rechazó). El ministro Andrés Felipe Arias dispuso el cambio de destino del proyecto porque supuestamente es terreno inadecuado, pero no dijo claramente qué iba a pasar con los desplazados, que son el meollo social del problema.

Carimagua es ejemplo de la reforma agraria que se empeña en realizar el actual gobierno, ya perfilada en la frustrada Ley Forestal que concede los bosques colombianos a las multinacionales. Nuestra historia muestra que aquí se han realizado al menos cuatro reformas agrarias, siempre adversas a los campesinos.

La primera, la de la colonia española, concedió las tierras de los indígenas a los encomenderos, heredadas luego por los criollos. La segunda, a mediados del siglo XX, desalojó a los campesinos durante la era de la Violencia para que los terratenientes se apoderaran de sus parcelas. Narcos, guerrilleros y paramilitares hicieron a balazos la tercera, que puso en manos de las bandas violentas un millón de las mejores hectáreas de cultivo y levante.
La cuarta es la que se adelanta ahora, al estilo Carimagua, y consiste en entregar las tierras buenas que quedan a los grandes empresarios, para que ellos las desarrollen y vuelvan jornaleros a los campesinos. Así lo planteó el presidente Álvaro Uribe en el Japón hace un tiempo y así intentó hacerlo su ministro a costa de los desplazados en el caso que suscitó escándalo nacional.

Es Robin Hood al revés, como dice el senador Jorge Enrique Robledo. Pero, además, aliñado con mentiras y movidas chuecas. No es verdad que la tierra de Carimagua sea mala y su cultivo ruinoso para los pobres y bueno para los ricos, como se aduce para el despojo. Lo afirman varios especialistas. Richard Probst Bruce, presidente de la Asociación Colombiana de Agroproductores Ambientalistas, asegura que es un “proyecto viable y de bajo impacto ambiental”, siempre y cuando se realice como un núcleo de desarrollo sostenible y con apoyo del Estado. Esto es, un centro de experiencia comunitaria respetuoso del medio ambiente, que privilegie la agroescuela y la siembra de alimentos. En igual sentido opinó Mauricio Botero Caicedo en El Espectador al defender las cooperativas populares, que ya adelantan en otros lugares del país “una revolución en el modelo de capitalismo agrario”.

El apoyo oficial es clave y desarrolla una obligación del Estado que impone la Constitución Nacional. Por lo demás, la acidez del terreno resulta fácilmente curable, según los expertos, y solo representa una excusa del ministro.

Carimagua, pues, es más que un predio. Es una filosofía retardataria por la cual el Gobierno pretende entregar la tierra a prósperos empresarios y quitarse de encima la responsabilidad constitucional de defender a los desvalidos.

ESQUIRLAS. 1) La habitual mirada hacia Estados Unidos ha impedido que los colombianos sigan la apasionante campaña electoral española, donde el Partido Socialista podría obtener una justa renovación de mandato el 9 de marzo frente a una derecha cada vez más refractaria.

2) Viendo la insoportable levedad del presidente Nicolás Sarkozy, uno se pregunta cómo se dice ‘chisgarabís’ en francés.