Daniel Samper Pizano

El presidente Álvaro Uribe adivina en los ataques de Hugo Chávez la hecatombe necesaria para su tercer gobierno. Los colombianos deberíamos adivinar en la re-reelección una hecatombe social que invita a oponerse a ella. Para muestra, dos casos recientes: el fallecimiento, por una cadena de errores, de una recién nacida en la clínica San Pedro Claver, de Bogotá, y el frustrado intento de entregar a empresarios particulares el predio de Carimagua, originalmente destinado a desplazados por la violencia.

El caso de la niña muerta por una inyección equivocada destapa el desplome de la ya precaria protección social de los colombianos de bajos ingresos. Desde que el Gobierno cedió el servicio de salud a los particulares, los enfermos se pierden en una selva de siglas -las ESE, las EPS, las ARS- y deben a menudo acudir a un juez para conseguir ciertos remedios. En teoría, se ha ampliado el cubrimiento. En la práctica, no puede decirse que los colombianos estén mejor protegidos que antes.

En cuanto a Carimagua, es apenas una nueva expresión del tradicional despojo a los campesinos. Ya en 1594 el rey de España ordenaba que “las tierras que se dieren a los españoles sean sin perjuicio de los indios”. No se cumplió. Hace algo más de medio siglo, los labriegos desplazados por la persecución laureanista denunciaban que “en la pobreza más extrema tuvimos que huir de nuestras tierras, víctimas de la más implacable violencia” y, un año después, seguían en el abandono mientras que de sus predios “se han adueñado personas amparadas en determinado rótulo político”. Entre esos campesinos atropellados había uno que hoy conocemos como ‘Tirofijo’.

La tragedia se repite, aunque la violencia tiene ahora otro origen. Los campesinos quieren tierra, pero primero se la quitan, luego se la dan a un poderoso y después -como en Carimagua- les ofrecen convertirlos en jornaleros explotados por los nuevos dueños de esa tierra. Con el pretexto de que las 17.000 hectáreas destinadas a los desplazados no eran buenas para ellos, pero sí para los empresarios particulares, el Gobierno intentó entregarlas en concesión a una compañía de la que es socio, entre otros, Mario Escobar Aristizábal, delegado presidencial en la junta que -ojo a la ironía- se instituyó para proteger a quienes perdieron sus parcelas. Como lo ha denunciado la prensa, este empresario aportó dinero a las campañas de Uribe y del director de la junta de marras y del Ministro de Hacienda, del cual es pariente.

Cuando alguien dijo al Ministro de Agricultura que el terreno era ácido, al prepotente personajito no se le ocurrió formar una cooperativa campesina ni vincular a un laboratorio científico de los que estudiaron la región. Ya había excusa para entregar la tierra de los desplazados a unos palmeros que encajan en el sueño oficial de convertir al Llano en un gran emporio empresarial. La Procuraduría y la denuncia de EL TIEMPO frenaron el abuso.
Lástima que los desplazados no sean empresarios ni tengan amigos en el Gobierno…

Todo es producto de la mentalidad neoliberal de un régimen que favorece a los capitalistas fuertes porque cree que así desarrolla el país y les vende por cuatro pesos las entidades que el dinero público construyó durante décadas. Tal ocurre, por ejemplo, con las electrificadoras de cinco departamentos, a punto de ser privatizadas en una feria que afortunadamente atajaron a tiempo la Contraloría General de la República y una batería de tutelas.
También sucedió con dos multinacionales petroleras, a las que extendió graciosamente sus concesiones en La Guajira y Cravo Norte.

Mucho debemos a Uribe en materia de seguridad, estabilidad económica y restitución de la fe y el optimismo nacionales. Pero él mismo ha reconocido los limitados alcances de su proyecto social. Cuatro años más de esta receta engordarían a muchos empresarios, pero enterrarían a miles de pobres.